12/10/2016
Hoteleros en pie de guerra contra Airbnb: exigen que pague impuestos y cumpla con la ley
Después de la cruzada de taxistas contra Uber, los agentes de turismo piden que la plataforma para alquilar viviendas y habitaciones cumpla las normas locales y que las casas que se ofrezcan cuenten con habilitaciones. Para Airbnb, son servicios complementarios. Por Esteban Rafele.
Primero fueron los taxistas contra Uber. Ahora es el turno de los hoteleros y operadores de turismo contra Airbnb. Empresarios turísticos de todo el país se pusieron en alerta ante el avance de la plataforma global para alquilar viviendas particulares y habitaciones en todo el mundo y que ya cuenta con más de 12.000 alojamientos en Argentina.
Los operadores locales dicen estar en desventaja contra el alquiler de casas y habitaciones particulares a través de Airbnb y otras plataformas y piden al Estado que regule ese tipo de hospedajes. Este fenómeno crece a pasos agigantados. Entre 2014 y 2015, la oferta de alquileres en el país aumentó 50 por ciento. La salida del cepo cambiario aceleró el proceso: como el servicio se factura en dólares (la compañía cobra en el exterior y transfiere el efectivo al propietario), un argentino debía pagar un 35% de impuesto a cuenta de Ganancias hasta el año pasado para contratar vía Airbnb dentro del país.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) y del Consejo Federal de Turismo (CFT) -un ente oficial integrado por representantes del Ministerio de Turismo nacional y de los gobiernos provinciales- emitieron el martes una declaración conjunta destinada a Airbnb y sitios similares. Fehgra y el CFT "manifestaron el compromiso de actuar en forma conjunta y acelerada en el ámbito nacional, provincial y municipal a los efectos de que, en el marco de una legítima competencia, esos nuevos actores estén regulados y sujetos a las mismas normas, obligaciones y responsabilidades que las empresas legalmente habilitadas", indicaron en el comunicado.
Las entidades locales se comprometieron a "hacer respetar los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores ante el incremento del trabajo ilegal que la situación provoca, evitar la evasión impositiva e impedir el deterioro de la imagen de los destinos entre otros".