12/02/2025
El Tribunal de Garantías Penales de Guaranda ha dictado sentencia condenatoria contra tres campesinos defensores del territorio de la provincia de Bolívar. Fausto A., Wilfrido E. y Gilberto T., por supuesta "violación a propiedad privada" sin pruebas que sustenten la acusación, y fueron sentenciados a 4 años de prisión.
Esta decisión se enmarca dentro de la continua persecución judicial que sufren los campesinos, dirigentes indígenas y defensores de la naturaleza que luchan contra la minería, una de las formas más agresivas de saqueo y despojo capitalista en el mundo.
Los campesinos criminalizados son líderes en la lucha contra la empresa transnacional Curimining S.A., que opera en la zona desde el 2006 sin consultar a las comunidades afectadas. La compañía está detrás del megaproyecto minero Curipamba, que ocupa 490,000 hectáreas en las provincias de Bolívar y Los Ríos.
Durante años, la comunidad ha denunciado agresiones, amenazas y criminalización por parte de la empresa, que busca imponer su proyecto a pesar de la masiva oposición de los pobladores, que se dedican fundamentalmemte a la agricultura y a la ganadería, en una tierra bendecida por su fertilidad.
Este nuevo golpe judicial contra los defensores del agua llega después de la sentencia a 6 campesinos de Las Naves, quienes fueron condenados en marzo del 2024 a tres años de prisión por "asociación ilícita", por injerencia de la misma empresa, cuyos abogados los comparten con la transnacional minera canadiense Ático Mining, que en la provincia vecina de Cotopaxi, ha criminalizado, a más de 70 campesinos como "terroristas".
Esta nueva sentencia forma parte de un patrón de persecusión contra quienes se oponen a la explotación minera en el Ecuador, un conflicto que se ha intensificado por la agresiva política minera impuesta por los últimos gobiernos de turno, entre ellos, el Gobierno de Noboa, que está vinculado a Adventus Mining, a través de acciones de inversión del grupo económico NOBIS.
Rechazamos rotundamente la persecución y criminalización desplegada contra quienes defendemos el agua, la vida, el territorio y los bienes comunes en Ecuador. Estamos con ustedes compañeros de la provincia de Bolívar, la justicia se hará llegar a los verdaderos criminales que están destruyendo el tejido social y a la naturaleza. Defender la via no es un delito.
