09/07/2025
| Formalizan investigación contra exjefes policiales por presunta tortura agravada en Apurímac. Policías serán enjuiciados.
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) Equipo Apurímac formalizó investigación preparatoria contra diez efectivos policiales, entre ellos altos mandos retirados y actuales de la Policía Nacional del Perú (PNP), por el presunto delito de tortura agravada en perjuicio de 24 ciudadanos.
Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2023, durante las manifestaciones sociales en el departamento de Apurímac. Entre los investigados figuran el excomandante general de la PNP (r) Raúl Alfaro Alvarado, el exteniente general PNP (r) Jorge Angulo Tejada, el jefe de la región policial Apurímac, Jesús Flores Solís, y los jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, Víctor Sifuentes Yañez y Rodolfo Porfirio Díaz. Además, se incluyen a los agentes José Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañihua, David Chapa Aquino, Joel Cabrera Paredes y Nobel Inca Andia.
¿Qué hechos se investigan?
De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal provincial Elizabeth Quispe, los hechos ocurrieron en el kilómetro 270 del sector Siete Vueltas, provincia de Aymaraes, Apurímac. Según el Ministerio Público, durante la intervención policial, los manifestantes fueron sometidos a violencia física y psicológica, permaneciendo atados por varias horas por agentes del orden.
Las diligencias preliminares han recogido testimonios y evidencias que sostendrían que los efectivos excedieron el uso de la fuerza, configurando presuntas violaciones a derechos fundamentales. La fiscalía sostiene que la intervención no solo habría afectado la integridad física de los ciudadanos, sino también su dignidad, al mantenerlos privados de su libertad y sometidos a tratos crueles.
¿Cuál es el alcance de la formalización?
La formalización de la investigación preparatoria implica que los fiscales cuentan con indicios suficientes para continuar las indagaciones, con la finalidad de determinar responsabilidades penales individuales. Durante esta etapa, se prevé la realización de nuevas diligencias, pericias médico-legales, toma de declaraciones y análisis de material audiovisual registrado en el lugar de los hechos.
El Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público remarcó que esta acción busca garantizar justicia para las víctimas y contribuir a la reparación integral, en el marco de las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Asimismo, subrayó que el proceso se desarrollará bajo los principios de objetividad e imparcialidad.
Con esta formalización, la Fiscalía reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de posibles abusos cometidos durante intervenciones policiales en contextos de protesta. La investigación continúa en curso y, de confirmarse los hechos, se podrían formular acusaciones penales en contra de los implicados, abriendo camino para eventuales juicios y sanciones.
