06/02/2026
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⚠️☝️⚠️ADVIERTEN DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN URBANA EN PICHARI, INFORME TÉCNICO-LEGAL FUE ELABORADO POR PROFESIONALES EXTERNOS |
Un procedimiento de habilitación urbana de oficio aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N.º 010-2026-A-ADP/LLC, emitida por la Municipalidad Distrital de Pichari, viene siendo objeto de cuestionamiento legal debido a presuntas irregularidades en la conformación de su expediente técnico, específicamente en la elaboración y suscripción del Informe Técnico-Legal, documento esencial para este tipo de procedimientos administrativos.
MARCO NORMATIVO APLICABLE
De acuerdo con el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo N.º 029-2019-VIVIENDA, el procedimiento de habilitación urbana de oficio exige que el expediente técnico incluido el Informe Técnico-Legal sea elaborado por el órgano responsable de la municipalidad competente.
Los artículos 46 y 47 del citado reglamento establecen de manera expresa que dicho informe debe sustentar que el predio cumple con las condiciones legales y técnicas para ser objeto de habilitación urbana, siendo parte integrante e indispensable del procedimiento administrativo, sin admitir la intervención de terceros ajenos a la estructura orgánica municipal.
HECHOS OBSERVADOS EN EL PROCEDIMIENTO
Según la revisión del expediente, el Informe Técnico-Legal habría sido elaborado y firmado por el abogado Josué Montes Sinforoso, quien no mantiene vínculo laboral ni contractual con la Municipalidad Distrital de Pichari. Asimismo, se identifica la participación del arquitecto Mitchel Espinoza Cárdenas, quien no solo carece de relación laboral con dicha municipalidad, sino que además se desempeña como funcionario de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, donde ejerce funciones como jefe encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, conforme a la Resolución de Gerencia Municipal N.º 175-2024-MDK/GM.
La intervención de profesionales externos y en el caso del arquitecto Espinoza Cárdenas, incluso de un funcionario público de otra entidad edil en la elaboración de documentos que, por mandato normativo, corresponden exclusivamente al órgano municipal competente de Pichari, genera serios cuestionamientos respecto a la validez jurídica del expediente técnico que sirvió de base para la resolución administrativa emitida.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES INVOLUCRADOS
El informe externo fue recibido, validado y utilizado dentro del procedimiento por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pichari, entre ellos el arquitecto Jorge Luis Vázquez Calderón, especialista en habilitaciones urbanas; el subgerente de Desarrollo Territorial, Gerardo Frisancho Tupayachi; y el gerente de Desarrollo Territorial, Mauro Ñaupa Moreyra.
Estos funcionarios habrían avalado el uso del Informe Técnico-Legal elaborado por terceros como sustento para la emisión de la Resolución de Alcaldía, permitiendo que el procedimiento continúe y se formalice pese a las observaciones sobre el origen irregular del documento y la ausencia de competencia del órgano que lo elaboró.
IMPLICANCIAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES
Especialistas en derecho administrativo advierten que la utilización de un Informe Técnico-Legal elaborado por un profesional sin vínculo con la municipalidad competente podría constituir un vicio grave del procedimiento, al haberse omitido un requisito esencial previsto en el reglamento. En ese escenario, la resolución que aprueba la habilitación urbana de oficio sería susceptible de nulidad, conforme a los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo.
Adicionalmente, de verificarse que el informe fue presentado o utilizado como si se tratara de un documento oficial elaborado por el órgano municipal competente, podrían evaluarse responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios que intervinieron en su validación y uso, así como de quienes suscribieron el documento sin competencia funcional o territorial.
SITUACIÓN ACTUAL
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el inicio de un procedimiento de revisión o nulidad del acto administrativo, ni sobre la apertura de investigaciones internas. No obstante, el caso ha puesto en evidencia la necesidad de respetar estrictamente las competencias y procedimientos establecidos en la normativa urbanística, especialmente en procesos que generan efectos jurídicos directos sobre la propiedad y el ordenamiento territorial.
El desarrollo de este caso será determinante para establecer si la habilitación urbana de oficio se mantiene vigente o si corresponde rehacer íntegramente el procedimiento conforme a lo dispuesto por el D.S. N.º 029-2019-VIVIENDA, garantizando la legalidad y transparencia de los actos municipales.
LA HABILITACIÓN URBANA QUE SE COBRÓ POR LOTE Y SE FIRMÓ CON CONOCIMIENTO MUNICIPAL
La habilitación urbana de oficio en Pichari no solo se sostuvo en un Informe Técnico-Legal con firma ajena, sino que además habría tenido tarifa conocida: un promedio de S/ 1,000 por cada posesionario, monto que, según versiones reiteradas, la municipalidad y los funcionarios conocían mientras el expediente avanzaba; de este modo, un procedimiento que debía ser estrictamente institucional habría terminado funcionando como cobro por acceso, respaldado por un informe suscrito por el abogado Josué Montes Sinforoso sin vínculo laboral, con intervención del arquitecto Mitchel Espinoza Cárdenas funcionario en ejercicio de la Municipalidad Distrital de Kimbiri y avalado internamente por Jorge Luis Vázquez Calderón, Gerardo Frisancho Tupayachi y Mauro Ñaupa Moreyra, quienes no solo habrían convalidado el origen irregular del documento, sino también tolerado el pago promedio exigido a los beneficiarios; el resultado es un acto administrativo viciado desde la raíz, con apariencia de legalidad y recaudación consentida, que deja la resolución expuesta a nulidad y a sus operadores frente a responsabilidades que ya no se limitan al ámbito administrativo.