12/09/2026
Lo que ha quedado al descubierto en la jornada de capacitación de Gercetur - Gobierno Regional Cusco y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral del Perú a empresarios operadores de la ruta de Camino Inca no es la búsqueda de un turismo sostenible, sino la anatomía de un pacto de indolencia: por un lado, un sector privado atenazado por el miedo a la fiscalización real que pretende lavarse las manos exigiendo "manuales masticados" para no gastar en adecuar sus operaciones; y por el otro, un Estado reactivo que solo se apersona cuando la "cultura del hecho consumado" le tira un cadáver sobre la mesa.
1. El mito de la "Falta de Reglamentación": Desglosando la Ley Marco
El argumento empresarial de "no podemos cumplir porque el Estado no nos ha dado el reglamento específico" es una estrategia de evasión legal. En el derecho peruano existen principios y normas de orden público cuya exigibilidad no depende de un manual sectorial:
* Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y su Principio de Prevención:
El artículo I del Título Preliminar es taxativo: el empleador garantiza condiciones que protejan la vida y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus labores. Pretender que sin un Decreto Supremo específico la empresa está "liberada" de evaluar los riesgos de hipotermia, edema o sobrecarga en montaña es una negligencia deliberada. La elaboración del Plan de Gestión de Riesgos y de la Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control) es responsabilidad costo-operativa de la empresa, no una dádiva que el Estado deba redactar a la medida de cada agencia.
* Ley N° 31614 (Nueva Ley del Porteador):
Aunque el sector privado critique que fue gestada con sesgos o "de espaldas al empresario de aventura" (ignorando la consulta multicultural o la realidad de operadores de otras regiones), la norma está vigente. Establece límites claros de carga (20 kg), la obligación de contar con seguros, condiciones dignas de pernocte y alimentación. El desconocimiento, la disconformidad o la falta de socialización previa de una ley no eximen de su cumplimiento bajo el principio constitucional de imperatividad de la norma.
* Código Civil y Responsabilidad Extracontractual (Art. 1970):
Aquel que mediante el desarrollo de una actividad riesgosa o peligrosa (y el turismo de alta montaña lo es) causa un daño a otro, está obligado a repararlo. No se necesita una directiva de SUNAFIL para entender que enviar a una persona a 4,200 msnm sin póliza activa es una infracción legal grave.
2. El Negocio de la Ambigüedad: Bancos, Aseguradoras y "Seguros Parche"
El pánico empresarial a ser auditados ha revelado un entramado de conveniencia donde ganan los grandes grupos económicos:
* El "Acomode" de las Aseguradoras (Rímac, Pacífico, etc.): Ante la imposibilidad de sustentar el SCTR obligatorio (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) por mantener a su personal bajo contratos de locación de servicios en cuarta categoría, las agencias recurren a pólizas privadas comerciales de "Accidentes Personales" con primas mínimas.
* Criterio a la Medida y Exclusiones: Estas pólizas de consumo masivo, vinculadas al sector bancario, no son coberturas laborales. Ante un siniestro real en alta montaña, las letras pequeñas excluyen labores de esfuerzo extremo o actividades a más de 3,000 msnm. Sin embargo, a la agencia le sirve como "pantalla de formalidad" para mostrar ante el cliente o en un control superficial, dejando al trabajador y a su familia desprotegidos cuando la aseguradora rechaza el siniestro por tratarse de un accidente de trabajo no declarado.
3. La Anécdota de SUNAFIL: Un Estado Anestesiado y Reactivo
Que el propio expositor recuerde con ambigüedad una fiscalización de SUNAFIL de hace dos años como un hecho anecdótico expone el verdadero drama institucional: la fiscalización en el Perú es episódica y ritual.
El Estado no hace prevención; espera la tragedia, la presión mediática o la muerte de un trabajador para montar un operativo relámpago, tomar fotos para la nota de prensa de GERCETUR y luego regresar a la inacción. Esta operatividad reactiva alimenta la "cultura del hecho consumado": la empresa calcula que el costo de la multa (si es que la fiscalizan) o el pago del funeral es infinitamente menor que el costo de formalizar en planilla a toda su cadena de campo.
4. La confesión de Salkantay Trekking: Las 48 horas semanales y el régimen esclavo
El cuestionamiento de la representante de Salkantay Trekking sobre la aplicabilidad de las 48 horas semanales alegando que "los porteadores están 4 días en la ruta y la ley no entiende el régimen de Camino Inca" deja al descubierto la mentalidad imperante.
* La respuesta tibia: La contestación de la mesa ("no creo que trabajen 24 horas seguidas, tendrán su tiempo libre") evidencia el desconocimiento total de la logística de montaña por parte de las autoridades.
* La realidad en campo: En una expedición de 4 días, el porteador se levanta a las 4:00 a.m. para preparar agua y tiendas, pisa el sendero a marcha forzada cargando más de 20 kg, arma el campamento de almuerzo, desmonta, vuelve a marchar, arma el campamento de noche, sirve la cena y duerme a la intemperie o apretado en la tienda comedor custodiando el equipo del grupo.
* Trabajar hasta durmiendo: No existe el "tiempo libre" ni la desconexión digital o laboral a 4,000 metros de altura. El trabajador está a disposición permanente de la agencia durante todo el itinerario. Apelar a la "imposibilidad" de medir las 48 horas semanales es, en la práctica, la confesión de que operan bajo un régimen de jornada acumulativa que roza la servidumbre, donde no se pagan horas extras, nocturnidad ni descansos compensatorios.
La Salida: Fin al Cinismo Operativo
Ni las agencias pueden seguir esperando que el Estado les redacte un "manual de excusas" para asumir la seguridad de su personal, ni las autoridades pueden seguir acudiendo a los auditorios a citar convenios de la OIT y la recomendación de "consultar a las partes interesadas y al empresario de aventura" mientras en la ruta se vulneran los derechos humanos básicos.
Si el sector privado de aventura quiere autodenominarse "sostenible" y "de primer nivel", debe empezar por asumir el costo real de su negocio: matriz IPERC propia, SCTR obligatorio desde el día uno, planillas efectivas y el fin de los seguros parche. La vida de los trabajadores de alta montaña no puede seguir sujeta ni a la burocracia del Estado ni al cálculo de ganancias de una agencia de viajes.